En un contundente revés para las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, un juez federal bloqueó recientemente una orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión, emitida por el juez John Coughenour, calificó la medida como “descaradamente inconstitucional”, citando una clara violación de la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
La 14ª Enmienda, ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” son ciudadanos del país. Este principio, conocido como derecho de suelo o jus soli, ha sido un pilar fundamental del sistema legal estadounidense y ha garantizado la ciudadanía a los hijos de inmigrantes, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump fue presentada como parte de su compromiso de endurecer las políticas migratorias y “proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses”. Según su administración, la ciudadanía por nacimiento incentivaba la inmigración irregular y debía ser eliminada para reforzar la seguridad y soberanía nacional.
Sin embargo, la decisión del juez Coughenour destacó que la medida excede los poderes presidenciales y va en contra de precedentes legales establecidos. “No se puede reinterpretar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva”, afirmó el juez en su fallo.
El bloqueo temporal fue recibido con alivio por grupos de derechos civiles y varios estados que habían presentado demandas contra la medida. Según sus argumentos, eliminar la ciudadanía por nacimiento habría afectado gravemente a millones de personas nacidas en el país, dejando a sus familias en una situación de incertidumbre jurídica y social.
Por otro lado, la administración de Trump expresó su intención de apelar la decisión. El expresidente ha reiterado que su política busca “poner fin a los abusos” y proteger a los estadounidenses. Este caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo, donde se decidirá finalmente si una medida de este tipo tiene cabida dentro del marco legal.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido un tema polémico en el debate migratorio estadounidense. Los críticos de este principio argumentan que promueve la “inmigración por anclaje”, mientras que los defensores lo consideran una protección esencial para la igualdad de derechos.
Esta decisión judicial subraya la importancia de la separación de poderes y la supremacía de la Constitución frente a medidas ejecutivas que buscan alterar derechos fundamentales. Aunque el futuro de esta orden ejecutiva aún es incierto, el fallo del juez Coughenour representa una victoria para los defensores de los derechos humanos y de los valores constitucionales.
El bloqueo a la orden de Trump reafirma que los derechos constitucionales no pueden ser vulnerados mediante decisiones unilaterales del poder ejecutivo. Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino que también resalta la importancia de proteger a las comunidades más vulnerables frente a políticas que podrían marginarlas aún más.
La ciudadanía por nacimiento es un derecho profundamente arraigado en los principios de igualdad y justicia que definen a Estados Unidos. Cualquier intento de eliminarlo será, sin duda, objeto de un intenso escrutinio legal y social.
