La Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe del Estado.
Al mismo tiempo, miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Además, el órgano dispuso el inicio de investigación contra Pedro Ángulo como expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes como exministro del Interior.
El premier @AlbertoOtarolaP informó al Congreso que en Consejo de Ministros se aprobó un decreto que declara la inmovilización social obligatoria en Puno, por tres días desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. en salvaguarda de la vida, integridad y libertad de los ciudadanos. pic.twitter.com/aUp73LBaxW
— Consejo de Ministros (@pcmperu) January 10, 2023
La medida se aplicará en relación con “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Desde el inicio de las protestas nacionales en diciembre pasado, que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del depuesto mandatario Pedro Castillo, el número de muertos ha superado los 40.
El voto de confianza
Mientras, el Congreso otorgó el martes el voto de confianza al Consejo de Ministros liderado por el primer ministro, Alberto Otárola, que se presentó en el pleno en medio de gritos por parte de los legisladores de izquierda que le increparon por los hechos ocurrido en Puno.
En este departamento, el pasado lunes, al menos 18 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en medio de las denuncias de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad.
“No somos un régimen autoritario ni nos oponemos a la legítima protesta, pero tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia (…) Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, dijo.
Articulo publicado originalmente en este sitio.
