En los últimos años, se ha utilizado el término “lawfare” para describir la utilización de tácticas jurídicas para perseguir a individuos o grupos políticos con fines políticos. Este término ha cobrado importancia en América Latina, donde se han registrado varios casos de políticos y líderes sociales acusados y encarcelados por cargos supuestamente falsos o excesivos. En la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido objeto de ataques de lawfare en los últimos años.
El PLD ha sido uno de los partidos políticos más influyentes en la República Dominicana desde su fundación en 1973. Durante muchos años, el partido dominó la escena política del país, ganando numerosas elecciones presidenciales y legislativas. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2020, el candidato del PLD perdió la presidencia ante Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Desde entonces, varios líderes del PLD han sido objeto de ataques de lawfare. El caso más destacado ha sido el apresamiento sorpresivo de Gonzalo Castillo, miembro del comité político de esta organización política y pasado candidato presidencial de este partido.
Otro líder del PLD que ha sido objeto de ataques de lawfare es el exprocurador general de la república, Jean Alain Rodriguez. Rodriguez fue acusado de corrupción tras contratar la construcción del plantel de una cárcel con una empresa propiedad del exministro de la presidencia Lisandro Macarrulla, a quien no han sometido ni presentado acusación por estos supuestos hechos mientras que al ex procurador si por sus vínculos con el PLD, permanece en prisión domiciliaria a la espera de juicio.
El PLD ha denunciado estos casos como parte de una campaña política para debilitar al partido y a sus líderes. El partido ha acusado al gobierno de Abinader de utilizar el sistema judicial para perseguir a sus oponentes políticos. El gobierno, por su parte, ha negado estas acusaciones y ha afirmado que las acusaciones son parte de una lucha contra la corrupción y la impunidad.
En conclusión, el lawfare ha sido utilizado como una herramienta política en la República Dominicana para perseguir a los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Estos ataques han generado controversia y han sido criticados por organizaciones internacionales de derechos humanos, que han expresado preocupación por el uso de la justicia como instrumento político. Es importante que las autoridades dominicanas garanticen un proceso judicial justo y equitativo para todos los acusados, independientemente de su filiación política.
Por Jean Núñez
