El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) fue firmado en 2004 con el objetivo de crear un mercado más libre y justo para los productores y consumidores de los países involucrados. Sin embargo, para los productores de arroz dominicanos, este acuerdo ha significado una amenaza constante para su sustento y para la seguridad alimentaria del país.
El DR-CAFTA ha permitido la entrada masiva de arroz estadounidense al mercado dominicano, lo que ha provocado la reducción del precio del arroz producido localmente. Los productores locales no pueden competir con los bajos precios del arroz importado, ya que los productores estadounidenses reciben subsidios del gobierno y tienen acceso a tecnologías y recursos avanzados que les permiten producir arroz a menor costo.
Este desequilibrio ha provocado que muchos productores de arroz dominicanos abandonen sus cultivos y se dediquen a otras actividades económicas. La producción de arroz ha disminuido en más de un 20% desde la entrada en vigor del DR-CAFTA, lo que ha generado una gran preocupación en el sector agrícola y en la sociedad en general.
La situación es aún más alarmante si consideramos que el arroz es uno de los alimentos básicos más consumidos en la República Dominicana. El país importa alrededor del 70% del arroz que consume, lo que significa que la seguridad alimentaria de millones de dominicanos está en peligro debido a la dependencia de la importación.
Además, la entrada masiva de arroz estadounidense ha provocado una pérdida de la diversidad en la producción de arroz en la República Dominicana. Muchos agricultores locales han dejado de cultivar variedades de arroz tradicionales y se han concentrado en producir las variedades más demandadas por los consumidores, lo que ha generado una homogeneización en la producción y una pérdida de la biodiversidad agrícola.
En resumen, el DR-CAFTA ha tenido un impacto negativo en la producción de arroz dominicano y en la seguridad alimentaria del país. Es necesario buscar soluciones que permitan proteger a los productores locales y fomentar la producción de alimentos en el país. El gobierno dominicano debe considerar medidas para apoyar a los agricultores locales, como la reducción de impuestos y la implementación de políticas para fomentar la producción sostenible y diversificada.
Asimismo, se deben promover políticas que fomenten el consumo de productos locales y la educación sobre la importancia de la diversidad en la producción de alimentos. Solo así se podrá garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del país.
Por Jean Núñez
