En los últimos meses, los apagones eléctricos se han convertido nuevamente en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía dominicana. Más de seis horas diarias sin energía eléctrica no solo afectan la calidad de vida, sino que representan un golpe directo a la economía de las familias y al desarrollo productivo del país. Este problema, lejos de ser una simple consecuencia de deficiencias técnicas, pone en evidencia la incapacidad del gobierno actual para enfrentar una crisis estructural que ha marcado por décadas al sector energético.
Recientemente, en un despacho de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Matos afirmó que “los apagones financieros, fruto de la incapacidad del gobierno actual, podrían ser una medida necesaria, pero no una solución a largo plazo”. Estas declaraciones no son un simple ataque político, sino una realidad respaldada por las estadísticas oficiales. Según los datos presentados por Matos, al cierre del año 2024, las pérdidas en el sector eléctrico ascendieron al 45%, lo que equivale a unos 92 mil millones de pesos, es decir, más de 1,500 millones de dólares.
Estas cifras son alarmantes y reflejan una gestión ineficiente que no ha sabido responder a las necesidades básicas de la población. Los apagones no solo afectan a los hogares, donde las familias deben ingeniárselas para preservar alimentos o soportar el calor sin ventilación, sino que también están asfixiando a los pequeños y medianos empresarios. Un colmado que pierde productos refrigerados, una fábrica que detiene su producción o un taller mecánico que no puede operar son ejemplos claros de cómo esta crisis impacta negativamente en el sustento diario de miles de dominicanos.
Más allá de las consecuencias económicas inmediatas, los apagones prolongados también afectan la competitividad del país. Los inversionistas extranjeros dudan en traer sus capitales a una nación donde la energía eléctrica es inestable, lo que limita las oportunidades de generación de empleos y de crecimiento económico. Es evidente que el sistema energético, lejos de ser una palanca de desarrollo, se ha convertido en un obstáculo que perpetúa la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, el gobierno actual parece carecer de un plan efectivo para abordar el problema de manera integral y sostenible. Las medidas paliativas, como los préstamos internacionales o los acuerdos improvisados con generadoras eléctricas, no solucionan la raíz del problema: un sistema eléctrico obsoleto, plagado de corrupción, ineficiencia y falta de visión a largo plazo.
La solución a esta crisis exige más que simples discursos o ajustes temporales. Es necesario un compromiso real con la transparencia y una gestión eficiente de los recursos del sector. Urge una inversión masiva en infraestructura eléctrica que permita diversificar la matriz energética, apostar por fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Además, es fundamental implementar políticas que reduzcan las pérdidas técnicas y comerciales, las cuales, como demuestran las estadísticas, siguen siendo uno de los mayores problemas del sector.
El pueblo dominicano merece una solución definitiva a esta problemática, no excusas ni medidas que solo postergan el problema para futuros gobiernos. Mientras tanto, cada día sin luz no solo representa horas perdidas, sino oportunidades desperdiciadas para construir un futuro más próspero y justo para todos.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿hasta cuándo permitiremos que la falta de voluntad política y la ineficiencia sigan condenándonos a la oscuridad? Es hora de exigir un cambio profundo, porque el tiempo de las excusas ya se agotó.
